El nuevo blindado del Ejército español desata una guerra empresarial en Europa
Empresas europeas denuncian que Defensa incluyó cláusulas para beneficiar a Santa Bárbara-General Dynamics y a Iveco en el desarrollo de los vehículos blindados 8x8.
El proyecto del Ministerio de Defensa para desarrollar el prototipo de los nuevos vehículos terrestres de combate 8x8 ha levantado ampollas en el sector. Según explican a EXPANSIÓN fuentes de la industria militar, la hoja de requisitos enviada el pasado mayo por el departamento de Pedro Morenés a las empresas interesadas en el proyecto incluye una cláusula introducida explícitamente para favorecer a dos compañías: Santa Bárbara, propiedad de la estadounidense General Dynamics, y la italiana Iveco.
El concurso para diseñar el modelo de los nuevos blindados está valorado en 89,3 millones de euros, pero en el futuro podría desembocar en la fabricación de cientos de unidades por un valor cercano a los 2.000 millones.
El Ministerio envió lo que técnicamente se conoce como "Request for Information" (RFI) a Santa Bárbara, el consorcio italiano Iveco-Oto Melara, la francesa Nexter Systems, la finlandesa Patria y la alemana Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Una de estas compañías será la encargada de diseñar los próximos blindados del Ejército de Tierra, que sustituirán a los anticuados BMR, que han sufrido numerosos ataques en misiones como la de Afganistán.
El RFI, al que ha tenido acceso este periódico, especifica que el aspirante "deberá tener actividad industrial en España". Un requisito que, de las cinco empresas, sólo cumplen Santa Bárbara, con fábricas en Trubia y Sevilla, e Iveco, con planta en Valladolid. Ambas compañías presentaron sus respectivas ofertas: Santa Bárbara el vehículo Piraña 5 e Iveco el VBM Freccia. Desde Defensa recuerdan que "la adjudicación todavía no se producido y por tanto aún no se sabe cuál será la empresa escogida".
¿Por qué incluye entonces el Ministerio una exigencia que sólo podrían asumir dos de las convocadas? Las fuentes empresariales consultadas por este diario consideran que "se ha querido hacer una convocatoria sólo en apariencia, pero el objetivo ha sido poner condiciones que favorezcan a Santa Bárbara debido a presiones de la industria estadounidense".
Desde Defensa aseguran que el RFI sólo pide que la empresa adjudicataria tenga "estructura empresarial" en España, pero el documento señala concretamente la necesidad de contar con "actividad industrial".
Compromiso de pago
El contrato de los 8x8 es importante en términos estratégicos para la industria militar. A partir del prototipo elegido se comenzarán a fabricar entre 300 y 400 vehículos en 2018 con financiación del Ministerio de Industria. La cantidad estará comprendida entre los 1.000 y 2.000 millones de euros. Es decir, que el Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre asumirá el desembolso de un proyecto cerrado a última hora de la actual legislatura.
Las fuentes consultadas explican que, cuando a comienzos de legislatura se retomó el proyecto del 8x8 (que había quedado paralizado por la crisis y los recortes presupuestarios), el Ministerio de Defensa promovió que las industrias españolas se asociaran con las empresas líderes en este tipo de vehículos para diseñar prototipos a partir de los cuales se fabricarían los vehículos adquiridos por el Ejército.
La empresa elegida por Defensa tendrá dos atribuciones clave. La primera es que será "autoridad de diseño", de modo que pueda modificar o renovar los vehículos a lo largo del proceso. La segunda es que dispondrá de licencia de exportación, algo fundamental para impulsar la venta al extranjero de material militar.
Esto último no es sencillo ya que buena parte del equipamiento militar que se construye en España tiene licencia de exportación a nombre de empresas extranjeras y, al ser la defensa un sector en el que los gobiernos tienen gran influencia en las decisiones empresariales, las ventas al extranjero y las modificaciones no dependen del país en que se fabrica el material, sino del propietario de las patentes y licencias de exportación.
Por ejemplo, parte de los sistemas de combate de las fragatas construidas por la empresa pública española Navantia cuentan con patente de EEUU, lo que limita su venta por parte española.
La francesa Nexter Systems, que no contestó al RFI al no disponer, como se exigía, de actividad industrial en España, había no obstante avanzado en negociaciones para formar una alianza con Indra y SAPA, de forma que Indra incluyera todos los sistemas informáticos de navegación, comunicación y combate y SAPA sus sistemas de transmisión mecánica.
En esa coyuntura, el consorcio liderado por Indra tendría la autoridad de diseño y la licencia de exportación. Pero, sobre todo, la alianza Indra-Nexter-SAPA podría formar parte, a su vez, de la principal estrategia de integración europea de defensa para vehículos terrestres.
Se trata del denominado Proyecto KANT (acrónimo de Krauss And Nexter Together), firmado el pasado julio por los ministerios de Defensa alemán y francés, y que sumaría una facturación anual de 2.000 millones de euros.
